Desde CAF Madrid reclaman al Gobierno la reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Según datos oficiales, en 2018 había en Madrid cerca de 4.000 viviendas okupadas. Desde octubre de 2019, cuando se constituyó la Mesa contra la Okupación por la Consejería de Vivienda de Vivienda de la Comunidad de Madrid, han sido usurpados 30 pisos, lo que supone una media de más de tres al mes.

Por eso mismo, desde CAF Madrid reclaman al Gobierno una reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esto supondría la aplicación de una medida urgente y complementaria a la creación, por parte del Ayuntamiento de Madrid, de una oficina anti-okupación, que tiene el objetivo de ayudar e informar a las comunidades de propietarios sobre las principales medidas que pueden adoptar para hacer frente la ocupación ilegal.

Según CAFMadrid es muy importante dotar a la Fuerzas de Seguridad del Estado de las herramientas legales para que puedan intervenir desde el primer momento en que se detecta y denuncia por el titular la ocupación ilegal de su vivienda que, además, supone un hecho delictivo.

Isabel Bajo, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, asegura que  “la okupación representa un tercio de las consultas de carácter social que se reciben en la Asesoría Jurídica del CAFMadrid, una práctica que, dada la situación actual de indefensión jurídica, está generando cada vez más problemas en las comunidades de propietarios, que legalmente solo pueden actuar por la vía de la acción de cesación por actividades molestas prevista en la Ley de Propiedad Horizontal”.

CAFMadrid apuesta por aportar a los ayuntamientos las competencias propias necesarias para tomar medidas contra la ocupación ilegal víaa juicio verbal sumario, dado que alteran la convivencia en el inmueble y en el vecindario, provocan conflictividad social y generan problemas de
seguridad.

Una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) supondría, en el caso de okupación ilegal, la reforma del artículo 7.2 de la LPH relativa a la acción de cesación permitiría desalojar al okupa ante la inacción del propietario y combatir así las
molestias, daños e inseguridad que esta ocupación genera en una comunidad de propietarios.