El Tribunal Supremo, en una sentencia reciente, ha declarado que las comunidades de propietarios serán reconocidas como consumidores. Hasta el momento, no era así, ya que no son personas físicas.

La sentencia número 201/2021, del 13 de abril, dictada por el Tribual Supremo, recoge la consideración de las comunidades de propietarios como consumidores. Esta consideración tendrá efecto a la hora de firmar contratos de arrendamiento de servicios por parte de la comunidad.

El debate entre juzgados y tribunales españoles estaba formado a la hora de tener en cuenta la Directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, donde define a estos últimos como “toda persona física que, en los contratos regulados por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional”.

En este contexto, las comunidades de propietarios no cumplen con la condición de personas físicas, lo que supondría una exclusión de los beneficios correspondientes en la normativa comunitaria. Sin embargo, la situación de las comunidades de vecinos ha sido modificada en la última sentencia del 13 de abril de 2021 sobre dicha normativa.

Anteriormente, el Tribunal Supremo dictaba la consideración de las comunidades de vecinos como formaciones unitarias a determinados efectos legales. Esta consideración era consecuencia de la existencia de un patrimonio separado colectivo, donde cada propietario carecía de personalidad jurídica independiente.

La decisión tomada por el magistrado Díaz Fraile, justifica su decisión en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a cera del asunto de Condominio di Milano, del 2 de abril del 2020. En esta sentencia, se recoge que la comunidad de propietarios italiana no es una persona física, sin embargo, reconoce que los Estados miembros mantienen su libertad de regular el régimen jurídico de la comunidad de propietarios sus ámbitos nacionales respectivos. Es por es que, mientras que el legislados de la Unión Europea no intervenga, cada Estado miembro puede decidir calificar a la comunidad de vecinos como persona jurídica o no.

La sentencia dictada por el TJUE basa su decisión en que un sujeto de Derecho, como es el caso del condominio en Derecho italiano, aun no estando considerado como consumidor en la Directiva sobre cláusulas abusivas, cada Estado miembro de la Unión Europea, puede aplicar dichas disposiciones de esta Directiva a sectores no implicados en su ámbito de aplicación. Este acto, por parte de las jurisdicciones nacionales, debe garantizar en todo momento, un nivel de seguridad más alto a los consumidores, y a la vez, no infrinja las disposiciones de los Tratados.

Sentencia resuelta

Volviendo a la sentencia dictada por Díaz Fraile, esta ha resuelto la cuestión tratada en la que una comunidad de vecinos madrileña ha incumplido un contrato con la empresa de servicios ASG10 S.L. Es por eso por lo que, la comunidad de propietarios había sido condenada por el tribunal de la Sección Decimonovena de la Audiencia Provincial de Madrid, a una multa de 9.358 euros.

En un primer momento, la empresa de servicios había reclamado la cantidad de 665.508.82 euros por la infracción del contrato. Sin embargo, dicho incumplimiento no había supuesto una pérdida de capital tan alta, por lo que tuvo que reclamar menos dinero.

Todo comenzó en el año 2007, cuando la comunidad de vecinos madrileña firmó un contrato con la empresa ASG10 S.L. para que esta les dotara de un servicio de portería para la comunidad. Este contrato tenia un periodo de un año y debía ser renovado anualmente.

La comunidad, a causa del descontento con los servicios prestados por parte de la empresa, terminó la relación entre ambas partes el 31 de diciembre de 2014. Esta rescisión del contrato fue avisada con un mes de antelación, de igual manera de que iban a contratar a otra empresa llamada ASITEC.

Teniendo en cuenta que, una de las cláusulas del contrato establecido con la empresa ASG10 S.L., establecía que una vez terminado dicho contrato, la comunidad de propietarios no podía contratar a ninguno de los empleados miembros de la empresa, la comunidad de vecinos solicitó a la nueva empresa contratar al mismo portero que tenían con ASG10 S.L.

En ese momento, la empresa ASG10 S.L. tomo la iniciativa de presentar una demanda por incumplimiento del contrato. En una primera instancia, la demanda fue denegada por considerarse una cláusula abusiva. Es por eso que, la empresa decidió acudir a la Audiencia Provincial de Madrid. Esta última institución resolvió la sentencia: “La comunidad de propietarios es consumidora. La cláusula debatida no es abusiva ya que fue libremente pactada entre las partes y ratificada en renovaciones sucesivas del contrato”.