La morosidad en las comunidades de vecinos está aumentando «sustancialmente» desde el inicio de la pandemia.

La morosidad es, según la Real Academia Española (RAE), “dilación, demora, falta de puntualidad en los pagos o en el cumplimiento de las obligaciones”. Es decir, dejar alguna factura sin pagar nos convierte automáticamente en morosos. Y por supuesto, acarrea unas consecuencias.

Según un estudio que lanzaron desde el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, durante la primera ola de la pandemia se estimaba que la morosidad se había incrementado hasta un 40% a nivel nacional.

Por el contrario, actualmente la subida ya «no es tan pronunciada». Pero conocer el número exacto de morosos, en un país donde no existe registro oficial de propietarios que hayan dejado de pagar las cuotas, supone una  ardua tarea.

A ello hay que sumarle un problema derivado de la pandemia y de las restricciones sanitarias que rigen actualmente en todos los territorios: no se están celebrando juntas generales de propietarios (ni físicas ni virtuales), las únicas capacitadas para proceder a reclamar judicialmente una cuota a un propietario moroso.

El número de morosos, como es evidente, se incrementa cuando el país atraviesa una situación económica desfavorable. Y la crisis sanitaria y económica del coronavirus no iba a ser una excepción.

Sin embargo, si que se observa una diferencia entre la crisis actual y la financiera de 2008.

Si la anterior crisis fue un proceso progresivo, por el que la morosidad fue aumentando a lo largo de varios años hasta que en 2012 comenzó a descender, ahora la economía ha sufrido una «caída libre» por la que Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, cree que el impacto puede ser «más complicado» de manejar ya que cuando las comunidades prevén un periodo de incertidumbre suelen ajustar el presupuesto a la realidad del momento.

Pero esto tampoco ha sido posible en esta ocasión porque «también para ello hace falta convocar una junta de vecinos». «La economía la puedes ir ajustando cuando cae poco a poco, pero cuando es de golpe es más difícil conseguir ajustarla«, afirma.

Por ello, desde este órgano presidido por Díez han pedido al Ministerio de Justicia que regule la situación para que se puedan celebrar juntas telemáticamente o se pueda llegar a acuerdos a través de encuestas.

«Hay que dar alguna solución» porque la morosidad puede complicar «la gestión de ayudas» que puedan llegar de los fondos europeos, que pueden ir destinados a mejorar, por ejemplo, la eficiencia energética de los edificios.

Existe la opción de que los propietarios afronten el pago de las cuotas de un vecino que no puede afrontar sus pagos por necesidad económica. Se produce un acuerdo entre la comunidad y este «moroso accidental» por el que el resto de vecinos afrontan los pagos con el compromiso del propietario de devolver ese dinero cuando su situación mejore.

Por ende, estos acuerdos no se realizan ni con morosos profesionales o intencionales ni con las entidades financieras que no tengan al día sus cuotas. Según Díez, en muchas ocasiones los bancos propietarios compensan el valor de las cuotas atrasadas en el precio de venta del piso.

Pero, ¿Qué ocurriría si el vecino deja el piso sin pagar la deuda? El vendedor tiene la obligación de presentar un certificado del estado de las deudas al particular a la hora de firmar en el notario. Cuando ese certificado no se aporta y el comprador no lo exige, este asume las deudas que haya con la comunidad del ejercicio en el que compra y los tres anteriores.