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Guerra abierta entre vecinos y pisos turísticos: la nueva ley no zanja el conflicto

Comunidades de Vecinos / Propietarios

El enfrentamiento entre comunidades de vecinos y los propietarios de pisos turísticos sigue siendo un tema candente. La última modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, publicada el 3 de enero, establece que aquellos propietarios que deseen alquilar su vivienda como piso turístico deben obtener el consentimiento de la mayoría de los vecinos. Sin embargo, a pesar de que la reforma no entrará en vigor hasta el 3 de abril, ya se ha generado una tensión entre ambas partes.

En medio de esta disputa, el Tribunal Supremo ha dejado claro un aspecto clave que las comunidades deben considerar a la hora de regular el alquiler turístico en sus edificios.

Las nuevas condiciones de la ley

Con esta reforma, cualquier propietario que quiera convertir su casa en una vivienda de uso turístico deberá contar con el apoyo de al menos tres quintas partes de los vecinos. Además, se establece que los pisos turísticos podrían ver incrementada su participación en los gastos comunes de la comunidad, aunque este aumento no podrá superar el 20%. En otras palabras, podrían enfrentarse a una cuota más alta si la comunidad lo decide.

Una sentencia que reabre la polémica

El Tribunal Supremo, en una sentencia dictada el 18 de febrero, ha dado una nueva vuelta al debate sobre las restricciones a los pisos turísticos. En este caso, una comunidad demandó a un propietario por usar su vivienda para este fin, argumentando que infringía los estatutos de la comunidad y generaba molestias.

Sin embargo, el tribunal ha señalado que, según los estatutos de la comunidad, solo se prohibían expresamente "consultorios y clínicas de enfermedades infectocontagiosas y para fines ilegales; la instalación de maquinaria inusual para los servicios del hogar; y actividades inmorales, incómodas o insalubres". El alquiler turístico no se incluye en esas categorías, por lo que el tribunal falló a favor del propietario.

Esta sentencia subraya la necesidad de que las comunidades de vecinos sean más explícitas en sus estatutos si quieren prohibir el uso turístico de las viviendas. Los magistrados han dejado claro que una simple descripción del inmueble o su destino no es suficiente para limitar los derechos de los propietarios.

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