El Tribunal Supremo lo confirma: los vecinos pueden prohibir el alquiler turístico en su edificio

Los pisos turísticos se han convertido en uno de los principales motivos de conflicto en numerosas comunidades de propietarios. El tránsito constante de visitantes, los ruidos y el uso intensivo de las zonas comunes generan desacuerdos entre quienes viven habitualmente en el edificio y quienes destinan sus viviendas al alojamiento vacacional.
Sin embargo, los propietarios no tienen libertad absoluta para desarrollar esta actividad.
Una información publicada por El Periódico aborda el papel del Tribunal Supremo y las posibilidades legales que tienen las comunidades para limitar los alojamientos turísticos.
La jurisprudencia ha confirmado que es posible prohibir el alquiler turístico en una comunidad mediante acuerdos válidamente adoptados, siempre que se respeten los requisitos establecidos por la Ley de Propiedad Horizontal.
¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo sobre los pisos turísticos?
El Tribunal Supremo ha respaldado la posibilidad de que las comunidades acuerden prohibir la actividad de alquiler turístico mediante la mayoría cualificada prevista legalmente.
En sus sentencias de octubre de 2024, el alto tribunal interpretó que la facultad de limitar o condicionar esta actividad, recogida en el artículo 17.12, también permitía acordar su prohibición.
Esta interpretación resultó especialmente relevante porque aclaró una cuestión que había generado diferentes criterios judiciales.
Por tanto, no siempre es necesario conseguir la unanimidad de todos los propietarios para establecer una prohibición.
¿Qué mayoría se necesita para prohibir los pisos turísticos?
El artículo 17.12 establece una doble mayoría de tres quintas partes.
Esto significa que el acuerdo necesita:
- El voto favorable de tres quintas partes del total de propietarios.
- La representación de tres quintas partes de las cuotas de participación.
Ambos requisitos deben cumplirse simultáneamente.
Por ejemplo, en una comunidad de 20 propietarios serían necesarios al menos 12 votos favorables que representasen también el 60 % de las cuotas.
Además, deben respetarse las reglas aplicables a los propietarios ausentes.
¿Puede un propietario alquilar su vivienda sin autorización?
Desde el 3 de abril de 2025, la Ley de Propiedad Horizontal exige aprobación expresa de la comunidad para iniciar determinadas actividades de alojamiento turístico.
Esta modificación fue introducida mediante la Ley Orgánica 1/2025.
El nuevo artículo 7.3 establece que quienes quieran desarrollar la actividad contemplada en el artículo 5.e) de la Ley de Arrendamientos Urbanos deben obtener previamente esa autorización.
Por tanto, ser propietario de una vivienda no garantiza automáticamente el derecho a explotarla turísticamente.
¿Qué ocurre con los pisos turísticos que ya funcionaban?
La normativa contempla un régimen transitorio.
Los propietarios que desarrollaban legalmente la actividad antes del 3 de abril de 2025 pueden continuar en los términos previstos por la disposición adicional segunda de la Ley de Propiedad Horizontal.
Sin embargo, deben cumplir la normativa turística y respetar las restricciones anteriores que les resulten aplicables.
Por ello, antes de prohibir el alquiler turístico en una comunidad, es fundamental comprobar cuándo comenzó la actividad y qué acuerdos existían previamente.
¿Puede la comunidad cobrar más a los pisos turísticos?
Sí. El artículo 17.12 permite establecer cuotas especiales o incrementar la participación en los gastos comunes de las viviendas destinadas a esta actividad.
La subida no puede superar el 20 % y necesita la misma doble mayoría de tres quintas partes.
Por ejemplo, si una vivienda paga 100 euros mensuales de comunidad, un incremento del 20 % elevaría su cuota a 120 euros.
Esta medida debe aprobarse expresamente y no puede aplicarse retroactivamente.
¿Afecta la prohibición a los alquileres de temporada?
No necesariamente.
La normativa distingue entre el alquiler turístico y otros arrendamientos temporales.
Por ejemplo, una vivienda alquilada durante varios meses por motivos laborales o académicos no constituye automáticamente un alojamiento turístico.
La aplicación de las restricciones depende de la naturaleza real de la actividad y de la normativa correspondiente.
Por tanto, no todos los contratos de corta duración están sometidos a las mismas exigencias.
¿Qué ocurre si alguien explota un piso turístico sin autorización?
Cuando resulta aplicable el artículo 7.3, iniciar la actividad sin aprobación comunitaria constituye un incumplimiento.
En estos casos, el presidente puede requerir al propietario para que cese en la actividad conforme al procedimiento legal.
Si el incumplimiento continúa, la comunidad puede estudiar las acciones judiciales correspondientes.
Antes de actuar, debe comprobarse que la vivienda desarrolla una actividad turística sometida a autorización.
¿Cómo puede una comunidad aprobar la prohibición?
Para adoptar un acuerdo válido, resulta recomendable seguir estos pasos:
- Revisar los estatutos comunitarios.
- Incluir la propuesta en el orden del día.
- Convocar correctamente la junta.
- Celebrar la votación.
- Comprobar las mayorías.
- Reflejar el acuerdo en el acta.
- Comunicar la decisión.
- Valorar su inscripción registral.
Una tramitación adecuada permite reducir conflictos y ofrecer mayor seguridad jurídica.
¿Puede impugnarse el acuerdo?
Sí.
El artículo 18 permite impugnar determinados acuerdos comunitarios cuando sean contrarios a la ley, a los estatutos o concurran otros motivos legalmente previstos.
Sin embargo, el simple desacuerdo con la prohibición no significa que el acuerdo sea inválido.
Cada situación debe analizarse teniendo en cuenta las mayorías, el procedimiento y las circunstancias particulares.
El papel del administrador de fincas
El administrador desempeña una función fundamental en la regulación de los alojamientos turísticos.
Entre sus tareas destacan revisar estatutos, preparar convocatorias, calcular mayorías y gestionar las comunicaciones.
También puede coordinar asesoramiento jurídico y ayudar a prevenir conflictos entre propietarios.
Una gestión profesional facilita la adopción de decisiones ajustadas a la Ley de Propiedad Horizontal.
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Conclusión
El Tribunal Supremo ha confirmado que las comunidades pueden prohibir la actividad turística mediante la mayoría cualificada prevista en la Ley de Propiedad Horizontal.
Además, desde abril de 2025, quienes quieran iniciar determinadas actividades turísticas necesitan autorización expresa de sus vecinos.
Sin embargo, deben respetarse las situaciones anteriores protegidas legalmente y los procedimientos de aprobación.
Conocer estas reglas permite prevenir conflictos y proteger los derechos de los propietarios.















