Los vecinos pueden estar obligados a instalar un ascensor aunque voten en contra: esto dice la ley
Vivir en un edificio sin ascensor puede convertirse en un problema para las personas mayores o con discapacidad. Subir escaleras diariamente, acceder al portal o salir de casa puede resultar especialmente difícil cuando existen problemas de movilidad.
Pero ¿qué ocurre si un vecino solicita instalar un ascensor y el resto de propietarios se niega a pagar?
La Ley de Propiedad Horizontal contempla situaciones en las que las comunidades están obligadas a realizar obras de accesibilidad, incluso sin un acuerdo previo de la junta.
Según recoge una información publicada por El Periódico, la normativa protege especialmente a las personas con discapacidad y a los mayores de 70 años.
Sin embargo, la instalación de ascensor por discapacidad no es obligatoria en cualquier circunstancia. Existen requisitos económicos y procedimientos que deben respetarse.
¿Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre los ascensores?
El artículo 10.1.b) regula determinadas obras necesarias para garantizar la accesibilidad universal.
Estas actuaciones pueden incluir:
- Instalación de ascensores.
- Construcción de rampas.
- Eliminación de escalones.
- Adaptación de accesos.
- Incorporación de dispositivos mecánicos.
- Mejoras que faciliten la movilidad.
La normativa establece que determinadas actuaciones tienen carácter obligatorio y no necesitan aprobación previa de la junta.
No obstante, deben cumplirse las condiciones legales correspondientes.
¿Quién puede solicitar estas obras?
La ley protege especialmente a los propietarios en cuyas viviendas o locales vivan, trabajen o presten servicios voluntarios personas con discapacidad o mayores de 70 años.
Por tanto, no siempre es necesario que el propietario solicitante tenga personalmente una discapacidad.
También puede existir una necesidad de accesibilidad relacionada con otra persona que reside o desarrolla una actividad en el inmueble.
Lo importante es acreditar las circunstancias que justifican la actuación.
¿Cuándo está obligada la comunidad a instalar un ascensor?
El artículo 10 establece un límite económico para determinadas obras obligatorias.
Como regla general, el importe repercutido anualmente, una vez descontadas las ayudas públicas, no debe superar doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.
Además, la legislación contempla otros supuestos en los que la actuación mantiene su carácter obligatorio.
Por ejemplo, cuando las subvenciones concedidas alcanzan el 70 % del coste o cuando quienes solicitan las obras asumen el exceso económico correspondiente.
Por tanto, la obligación debe analizarse considerando el presupuesto, las ayudas disponibles y la financiación.
El límite de las doce mensualidades: ejemplo práctico
Imaginemos una comunidad con un presupuesto ordinario anual de 24.000 euros.
Si se plantea una obra de accesibilidad, el límite de referencia sería:
- Presupuesto ordinario anual: 24.000 euros.
- Doce mensualidades ordinarias: 24.000 euros.
- Coste de la actuación: 30.000 euros.
- Subvención concedida: 10.000 euros.
- Importe restante: 20.000 euros.
En este ejemplo, el coste neto sería inferior al presupuesto ordinario anual.
Por tanto, si concurren los demás requisitos legales, la actuación podría resultar obligatoria sin necesidad de una votación favorable.
El cálculo real debe considerar cómo se distribuye y repercute el gasto, así como las condiciones de financiación.
¿Qué ocurre si el ascensor cuesta más?
Superar el límite económico no significa que la comunidad pueda rechazar automáticamente cualquier actuación.
La normativa contempla situaciones en las que la instalación sigue siendo obligatoria.
Por ejemplo, si las ayudas concedidas alcanzan el 70 % del coste, la ley establece su ejecución obligatoria.
También puede mantenerse esta obligación cuando los solicitantes asumen el exceso económico correspondiente.
Además, existe otra posibilidad: aprobar las obras mediante la mayoría prevista en el artículo 17.2.
¿Qué mayoría se necesita para aprobar un ascensor?
El artículo 17.2 permite aprobar la instalación de ascensores mediante el voto favorable de la mayoría del total de propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.
Cuando el acuerdo se adopta válidamente conforme a este artículo, la comunidad queda obligada al pago, aunque el coste repercutido anualmente supere doce mensualidades ordinarias.
Por tanto, deben distinguirse dos situaciones:
- Obras obligatorias: pueden ejecutarse sin acuerdo previo cuando concurren los requisitos legales.
- Obras aprobadas por mayoría: obligan a la comunidad conforme al artículo 17.2.
Esta diferencia resulta fundamental para determinar quién debe contribuir.
¿Puede un vecino negarse a pagar?
En términos generales, cuando la instalación resulta legalmente obligatoria o ha sido aprobada válidamente conforme al artículo 17.2, los propietarios deben contribuir según las reglas aplicables.
El hecho de vivir en la planta baja o no utilizar el ascensor no supone automáticamente una exención.
Sin embargo, deben revisarse los estatutos, el título constitutivo y las circunstancias particulares.
La distribución de gastos debe realizarse conforme a la normativa y a los acuerdos válidos.
¿Qué ocurre si la comunidad rechaza las obras?
Cuando una actuación resulta obligatoria, la negativa de algunos propietarios no elimina esa obligación.
Lo recomendable es presentar una solicitud formal, aportar la documentación necesaria y solicitar presupuestos.
Si la comunidad continúa negándose injustificadamente, el interesado puede estudiar las acciones legales correspondientes.
El artículo 10 contempla expresamente la posibilidad de acudir a la autoridad judicial competente en determinados supuestos de incumplimiento.
Antes de iniciar un procedimiento, conviene disponer de asesoramiento especializado.
¿Existen ayudas para instalar ascensores?
Sí. Las administraciones públicas pueden convocar subvenciones destinadas a mejorar la accesibilidad de edificios residenciales.
Estas ayudas pueden financiar parcialmente actuaciones como:
- Instalación de ascensores.
- Construcción de rampas.
- Adaptación de portales.
- Eliminación de barreras arquitectónicas.
Su disponibilidad, cuantía y requisitos dependen de cada convocatoria.
Por ello, antes de aprobar una derrama, resulta recomendable comprobar las subvenciones vigentes y las posibilidades de financiación.
El papel del administrador de fincas
El administrador de fincas desempeña una función fundamental en la gestión de estas actuaciones.
Entre sus tareas destacan:
- Recibir las solicitudes de accesibilidad.
- Revisar la normativa aplicable.
- Solicitar presupuestos.
- Comprobar posibles subvenciones.
- Organizar juntas cuando proceda.
- Calcular las aportaciones.
- Coordinar la ejecución de las obras.
Una administración profesional facilita la instalación de ascensor por discapacidad y ayuda a evitar conflictos relacionados con los costes y las obligaciones de los propietarios.
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Conclusión
La Ley de Propiedad Horizontal protege el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad y los mayores de 70 años.
En determinadas circunstancias, las comunidades están obligadas a realizar obras para eliminar barreras arquitectónicas, incluso sin aprobación previa de la junta.
Además, la instalación de ascensores puede aprobarse mediante la mayoría prevista en el artículo 17.2, obligando a los propietarios a contribuir conforme a la ley.
Por ello, antes de rechazar una solicitud, resulta fundamental analizar el coste, las ayudas disponibles y las condiciones legales.
Una gestión profesional permite encontrar soluciones que mejoren la accesibilidad y respeten los derechos de todos los propietarios.
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