La nueva normativa de ascensores obliga a realizar reformas: llegan derramas de cientos de euros a las comunidades

Las comunidades de propietarios afrontan nuevos gastos relacionados con el mantenimiento y la seguridad de sus ascensores. La normativa aprobada en 2024 obliga a adaptar progresivamente determinadas instalaciones, especialmente aquellas que llevan décadas funcionando.
Según informa El Español, numerosos edificios de Aragón han comenzado a recibir presupuestos para realizar modificaciones que pueden suponer derramas de cientos de euros por propietario.
La situación preocupa especialmente a los vecinos de inmuebles antiguos, donde las reformas pueden resultar más costosas.
Sin embargo, la nueva normativa de ascensores en comunidades de propietarios no exige sustituir todos los equipos. Las actuaciones dependen de su antigüedad, características técnicas y estado de conservación.
¿Qué establece la nueva normativa de ascensores?
El Real Decreto 355/2024 aprobó la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1, que entró en vigor el 1 de julio de 2024.
Su objetivo es mejorar la seguridad de los ascensores y reducir los riesgos de accidentes.
La normativa regula aspectos como:
- Mantenimiento obligatorio.
- Inspecciones periódicas.
- Sistemas de seguridad.
- Modificaciones técnicas.
- Documentación de las instalaciones.
- Responsabilidades de los titulares.
Las comunidades deben comprobar que sus equipos cumplen las exigencias aplicables y realizar las adaptaciones necesarias dentro de los plazos establecidos.
¿Qué ascensores necesitan reformas?
Las instalaciones más antiguas suelen necesitar mayores intervenciones.
En cambio, los ascensores modernos pueden cumplir buena parte de los requisitos sin modificaciones importantes.
Entre las mejoras previstas se encuentran la nivelación de la cabina, la protección de las puertas y determinados sistemas de comunicación y seguridad.
También pueden exigirse actuaciones sobre componentes mecánicos cuando presenten características que la normativa considera insuficientes.
Por tanto, no existe una reforma idéntica para todos los edificios.
¿Qué cambios de seguridad son obligatorios?
La normativa contempla diferentes medidas destinadas a prevenir accidentes.
Entre las principales destacan:
- Nivelación de cabina: reducir diferencias peligrosas entre el ascensor y el rellano.
- Protección de puertas: incorporar dispositivos que detecten obstáculos.
- Comunicación: garantizar sistemas adecuados para solicitar asistencia.
- Control de carga: evitar determinadas situaciones de sobrecarga.
- Componentes mecánicos: sustituir elementos que no cumplan los requisitos aplicables.
Cada medida tiene condiciones técnicas y plazos específicos.
La empresa conservadora debe informar sobre las adaptaciones necesarias.
¿Cuánto pueden costar las reformas?
El coste depende del ascensor y de los trabajos requeridos.
Según los ejemplos recogidos por El Español, algunas comunidades han afrontado reparaciones por aproximadamente 3.000 euros, además de adaptaciones presupuestadas entre 10.000 y 12.000 euros.
En instalaciones especialmente antiguas, una renovación más amplia puede superar los 40.000 euros.
Estas cantidades son orientativas y no representan tarifas obligatorias.
Por ello, antes de aprobar una derrama, conviene solicitar presupuestos detallados y comprobar qué actuaciones son realmente necesarias.
¿Cuánto pagará cada vecino?
La aportación depende del presupuesto y del sistema de distribución de gastos.
Imaginemos una comunidad de 20 propietarios que necesita realizar una adaptación valorada en 12.000 euros.
Si todos contribuyeran por partes iguales, cada vivienda pagaría 600 euros.
Sin embargo, el reparto real debe respetar las cuotas de participación, los estatutos y los acuerdos legalmente aplicables.
Por tanto, no existe una cantidad fija que deban pagar todos los propietarios.
¿Son obligatorias las derramas para adaptar ascensores?
Cuando las actuaciones resultan necesarias para cumplir las exigencias de seguridad, los propietarios deben contribuir conforme a la Ley de Propiedad Horizontal.
El artículo 10 regula determinadas obras obligatorias relacionadas con la conservación y seguridad del inmueble.
Por ello, votar en contra de una reparación legalmente exigible no elimina automáticamente la obligación de pago.
La excepción prevista para determinadas mejoras voluntarias no puede utilizarse para evitar actuaciones obligatorias de seguridad.
¿Qué plazos establece la normativa?
Los plazos varían según la medida y las características de la instalación.
Algunas adaptaciones deben realizarse después de la primera inspección periódica en la que se detecte su necesidad.
Otras disponen de periodos más amplios, especialmente cuando requieren sustituir componentes importantes.
Por tanto, no todos los ascensores deben reformarse inmediatamente.
La comunidad debe revisar el informe técnico y planificar las actuaciones dentro de los plazos correspondientes.
¿Cada cuánto deben inspeccionarse los ascensores?
La ITC AEM 1 establece diferentes periodicidades.
Las inspecciones se realizan, como mínimo:
- Cada dos años en determinados edificios de pública concurrencia o uso industrial.
- Cada cuatro años en edificios con más de veinte viviendas o más de cuatro plantas servidas.
- Cada seis años en los restantes casos.
Estas revisiones permiten identificar deficiencias y comprobar el estado de seguridad.
¿Qué ocurre si la comunidad no realiza las adaptaciones?
Incumplir las obligaciones puede generar consecuencias administrativas y problemas de seguridad.
Además, determinadas deficiencias pueden provocar la paralización del ascensor hasta su corrección.
Por ello, resulta fundamental respetar los plazos y atender los requerimientos técnicos.
La comunidad debe conservar la documentación y coordinar las actuaciones con la empresa mantenedora.
¿Cómo evitar derramas demasiado elevadas?
Una planificación adecuada permite distribuir mejor el impacto económico.
Entre las medidas recomendables destacan:
- Revisar los informes de inspección.
- Solicitar presupuestos detallados.
- Comparar propuestas técnicas.
- Priorizar las actuaciones obligatorias.
- Estudiar opciones de financiación.
- Comprobar posibles subvenciones.
- Planificar las aportaciones comunitarias.
Estas medidas no eliminan las obligaciones legales, pero facilitan su cumplimiento.
El papel del administrador de fincas
El administrador desempeña una función fundamental en la aplicación de la normativa.
Puede coordinar inspecciones, solicitar presupuestos, organizar juntas y preparar las derramas necesarias.
También ayuda a comprobar los plazos y mantener informados a los propietarios.
Una gestión profesional facilita el cumplimiento de la nueva normativa de ascensores en comunidades de propietarios y evita gastos derivados de una planificación deficiente.
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Conclusión
La normativa de ascensores vigente desde julio de 2024 exige mejorar progresivamente la seguridad de determinadas instalaciones.
Las comunidades con equipos antiguos pueden afrontar reformas importantes, mientras que otras apenas necesitarán modificaciones.
El coste y los plazos dependen de las características técnicas y de los resultados de las inspecciones.
Planificar las actuaciones y contar con asesoramiento profesional permite cumplir la normativa y reducir el impacto económico sobre los vecinos.















